Entidades canarias rechazan enmiendas que amenazan la educación inclusiva

Rechazo a las enmiendas del PP

La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto con organizaciones como Somos Uno Más, Sentirte y NEAEs Tenerife, ha manifestado su fuerte rechazo a las enmiendas 112, 113, 114 y 143 del Grupo Parlamentario Popular, que fueron incorporadas al Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia. Estas enmiendas, según las entidades, representan un potencial retroceso en el derecho a la educación inclusiva.

Contexto local y antecedentes

La educación inclusiva en Canarias ha sido un tema de creciente interés y debate en los últimos años. La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, establece la educación inclusiva como un principio fundamental, promoviendo la integración de estudiantes con discapacidad en centros ordinarios. Sin embargo, la realidad en las aulas a menudo difiere de este ideal, con muchas familias enfrentando barreras y falta de recursos adecuados para apoyar a sus hijos.

La comunidad educativa canaria ha trabajado arduamente para crear un entorno más inclusivo, pero las enmiendas del PP ponen en riesgo este progreso. La preocupación por la educación de niños y jóvenes con discapacidad ha llevado a organizaciones locales a unirse en un frente común para defender sus derechos.

Implicaciones de las enmiendas

Las entidades canarias advierten que estas modificaciones impactan directamente en varios aspectos clave:

• El modelo de escolarización.
• La evaluación psicopedagógica.
• El papel de los servicios de orientación.
• La obligación de dotar de recursos a los centros ordinarios.

“No estamos ante una cuestión menor ni meramente técnica. Estamos hablando del derecho fundamental a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, señalaron en un comunicado conjunto.

“Esto supone, a nuestro juicio, un enorme riesgo de normalización y perpetuación de modalidades educativas separadas por razón de discapacidad”, indicaron las organizaciones.

Detalles de las enmiendas críticas

En particular, la enmienda 112 modifica el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2013, creando una equiparación normativa entre centros ordinarios, centros de educación especial, escolarización combinada y aulas específicas. Esta disposición, según las organizaciones, podría llevar a una mayor segregación en la educación de niños con discapacidad.

Por otro lado, la enmienda 113 introduce un nuevo artículo 18 bis que condiciona el acceso a itinerarios educativos y formativos a evaluaciones individuales de los servicios de orientación, lo que podría dificultar el acceso a recursos necesarios para los alumnos con discapacidad.

Consecuencias de la aprobación de las enmiendas

Las consecuencias de la aprobación de estas enmiendas podrían ser graves. En primer lugar, se podría producir un aumento en la segregación de estudiantes con discapacidad en centros de educación especial, un paso atrás en la lucha por la inclusión. Esto no solo afectaría a los derechos de los estudiantes, sino que también podría tener un impacto negativo en la percepción social sobre la discapacidad y la diversidad.

Además, la falta de recursos adecuados en los centros ordinarios podría derivar en mayores tasas de abandono escolar entre los alumnos con discapacidad, quienes podrían sentirse abrumados y sin el apoyo necesario para avanzar en su educación. Esto contradiría el principio de igualdad de oportunidades que se busca promover en el sistema educativo.

Reacción de las entidades canarias

Las organizaciones han solicitado al Congreso que rechace estas enmiendas, argumentando que su aprobación podría obstaculizar el avance hacia un sistema educativo más inclusivo. “No sobran niños, faltan recursos”, afirmaron, destacando la necesidad de una adecuada dotación de recursos en los centros ordinarios para garantizar una educación inclusiva efectiva.

La movilización de estas entidades refleja una creciente preocupación en la sociedad canaria sobre el futuro de la educación inclusiva. Las organizaciones han instado a la ciudadanía a mantenerse informada y a participar en la defensa de los derechos educativos de las personas con discapacidad.

Claves prácticas para el lector

Es fundamental que la comunidad canaria esté informada sobre estos cambios legislativos y sus posibles repercusiones. Los ciudadanos pueden participar activamente en esta lucha por la educación inclusiva:

• Estar informados sobre el contenido de las enmiendas y su impacto.
• Contactar a sus representantes políticos para expresar su oposición a estas modificaciones.
• Unirse a las movilizaciones y campañas organizadas por las entidades locales.

La educación inclusiva es un derecho que debe ser defendido por todos. La participación activa de la sociedad es esencial para asegurar que no haya retrocesos en los avances logrados.