El gobierno de Canarias y la contradicción sobre los alquileres

Demora en la declaración de zona tensionada

Desde que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó al Gobierno de Canarias la declaración de zona de mercado residencial tensionado en enero de 2025, han pasado más de 600 días hasta que el expediente fue sometido a información pública en octubre de 2026. Este periodo contrasta notablemente con las ciudades de Bilbao y A Coruña, donde el proceso se completó en 132 y 52 días, respectivamente. Esta larga espera ha generado un clima de frustración entre los ciudadanos, quienes ven cómo la falta de acción gubernamental agrava aún más la crisis de vivienda en la región.

La prolongada espera en la capital grancanaria se debe, principalmente, a la negativa del Ejecutivo regional, dirigido por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), a aceptar datos de portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa como base para justificar la declaración de zona tensionada. Según ha declarado el Gobierno, estas cifras son consideradas "no confiables" porque reflejan solo los precios de salida, es decir, los importes que se anuncian en las ofertas, sin tener en cuenta las rentas finales acordadas en los contratos de alquiler o compraventa.

Inconsistencias en el uso de datos

Este rechazo contrasta con el uso que el propio Gobierno de Canarias hace de los datos de Idealista en informes sobre el mercado de la vivienda en las Islas. En uno de esos informes, publicado por el Observatorio Canario de la Vivienda, se estima que el precio del alquiler ha aumentado un 54% entre 2020 y 2025, lo que lleva a concluir que el mercado de alquiler en Canarias está "mucho más presionado que el español en su conjunto". Además, se menciona que la escalada del precio del alquiler es "ligeramente superior al de la compraventa".

“Las cifras de Idealista reflejan precios de salida, no las rentas finales acordadas”, argumenta el Gobierno canario.

Esta contradicción ha generado críticas tanto a nivel regional como nacional. Observadores señalan que si los datos son válidos para evaluar el incremento de precios, deberían ser igualmente relevantes para declarar zonas tensionadas. La situación en Canarias no es un caso aislado, ya que también se han dado situaciones similares en otras comunidades autónomas, como Galicia, donde se rechazó una solicitud de Santiago de Compostela por basarse en datos de Idealista.

Impacto en los ciudadanos

La demora en la declaración de zona tensionada ha suscitado inquietudes entre los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, quienes enfrentan un mercado de alquiler cada vez más complicado. La falta de un marco regulador que limite el aumento desmedido de los precios ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Gobierno regional para abordar la crisis de vivienda que afecta a la población. Además, la situación ha provocado un aumento en la demanda de vivienda social, lo que ha puesto más presión sobre la empresa pública Visocan, encargada de la promoción de vivienda asequible en el Archipiélago.

• Según el informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, la falta de intervención en el mercado de alquiler podría llevar a un aumento aún mayor de los precios.
• La situación ha llevado a un incremento en las solicitudes de vivienda social en la región.
• Se prevé que la presión sobre el mercado continúe a medida que más personas busquen alternativas asequibles.

La falta de acción del Gobierno ante esta problemática ha dejado a muchos ciudadanos en una situación vulnerable, dependientes de un mercado que no parece tener freno. Con un aumento de precios significativo y un acceso limitado a viviendas asequibles, los residentes de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentan a un futuro incierto en términos de vivienda. A medida que las familias luchan por encontrar un hogar dentro de sus posibilidades económicas, el impacto de esta crisis se siente en todos los rincones de la sociedad, desde el aumento de la precariedad en los hogares hasta el estrés financiero que afecta a muchas personas.

Consecuencias a largo plazo

Las consecuencias de esta crisis de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria y en toda Canarias podrían ser profundas y duraderas. La incapacidad del Gobierno para abordar la situación de forma efectiva podría llevar a un éxodo de personas jóvenes que buscan un entorno más asequible. Este fenómeno ha sido observado en otras regiones de España, donde la falta de vivienda asequible ha llevado a muchos a abandonar sus ciudades de origen en busca de mejores oportunidades en otros lugares.

Además, la presión sobre los servicios sociales y las instituciones públicas aumentará si la situación no se aborda con urgencia. El incremento en la demanda de vivienda social podría desbordar a organizaciones como Visocan, que ya enfrentan desafíos significativos para satisfacer las necesidades de la población. Esto podría resultar en un círculo vicioso donde la falta de vivienda asequible aumenta la dependencia de los servicios públicos, lo que a su vez puede llevar a un mayor descontento social y protestas por parte de una ciudadanía cada vez más afectada por la crisis.

Con el futuro de la vivienda en juego, es imperativo que el Gobierno de Canarias tome medidas decisivas y efectivas para abordar esta crisis, no solo para el bienestar de los ciudadanos, sino también para la estabilidad social y económica de toda la región.