Las claves
- El PSOE denuncia que solo se construyen 898 viviendas públicas.
- El Gobierno de Canarias había anunciado más de 4.000 viviendas en distintas fases.
- La diputada Patricia Hernández critica el incumplimiento de compromisos en materia de vivienda.
Denuncias del PSOE sobre la vivienda pública
La situación de la vivienda pública en Canarias ha generado un intenso debate político, especialmente en un contexto donde la crisis habitacional se ha vuelto insostenible. La diputada del PSOE, Patricia Hernández, acusó el pasado martes al Gobierno de Canarias de actuar como “medianero de los intereses económicos y especulativos” en este ámbito. Durante una interpelación al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, Hernández cuestionó las cifras de promoción pública que el Ejecutivo ha presentado en diversas ocasiones.
Según la documentación oficial que el Gobierno ha remitido al Parlamento, se afirma que hay más de 4.000 viviendas públicas en distintas fases de desarrollo. Sin embargo, Patricia Hernández aseguró que, en realidad, el Instituto Canario de la Vivienda está construyendo actualmente 519 viviendas, mientras que la empresa pública Visocan se encarga de otras 379.
Inconsistencias en las cifras
Hernández subrayó que de las 898 viviendas que se están construyendo, alrededor de un centenar corresponde a una promoción que se inició en la legislatura anterior, cuando el PSOE estaba en el Gobierno. Esto pone de manifiesto, según la diputada, que el actual Ejecutivo no está cumpliendo con los objetivos que se había marcado al declarar la emergencia habitacional en la isla.
Desde que se declaró esta emergencia, han sido solicitadas más de 4.000 calificaciones definitivas para viviendas protegidas de promoción privada, pero hasta ahora solo se han concedido 52. En concreto, en el año 2024 se resolvieron favorablemente 34 expedientes, en 2025 otros 17, y en el primer semestre de 2026 únicamente uno. Este panorama resalta no solo la falta de avances en la construcción de nuevas viviendas, sino también la ineficacia en el proceso de aprobación de proyectos que podrían aliviar la situación.
Compromisos incumplidos y falta de acción
La diputada del PSOE criticó además que el Gobierno no ha cumplido con varios de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura. Entre ellos, la falta de un diagnóstico sobre la vivienda vacía y la no implementación de un plan específico para movilizar este parque residencial. “El Gobierno ha renunciado a aplicar los mecanismos previstos en la legislación estatal”, afirmó Hernández, reflejando la frustración del PSOE respecto a la gestión actual de la vivienda.
Consecuencias para los ciudadanos
Este cruce de acusaciones se produce en un contexto donde la crisis de la vivienda en Canarias es un tema candente, afectando a numerosos ciudadanos que buscan soluciones habitacionales asequibles. La población canaria, especialmente en áreas urbanas como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, se enfrenta a un aumento en los precios de los alquileres y una escasez de viviendas disponibles. Este fenómeno ha llevado a muchas familias a situaciones de vulnerabilidad y ha aumentado la presión sobre las políticas de vivienda pública.
Las críticas al Gobierno y sus cifras cobran mayor relevancia en un momento donde la necesidad de soluciones efectivas se hace más urgente. Los ciudadanos demandan acciones concretas que garanticen el acceso a una vivienda digna, y la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Canarias podría generar una mayor desconfianza en las instituciones.
En conclusión, la situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes, ya que la vivienda es un derecho fundamental y su carencia afecta a la calidad de vida de miles de canarios. La presión para que el Gobierno asuma su responsabilidad en esta materia se intensificará, al igual que la necesidad de un diálogo constructivo que busque soluciones reales a la crisis habitacional.