La asociación Tierra Bonita exige al Gobierno Canario medidas de seguridad volcánica

Un reclamo por la seguridad en zonas volcánicas

La asociación Tierra Bonita, compuesta por afectados por la erupción del Tajogaite, ha hecho un enérgico llamado al Gobierno de Canarias para que cumpla con la Ley de Volcanes. Esta norma establece la obligación de fomentar el aseguramiento de bienes en zonas de riesgo volcánico, algo que la entidad considera urgente, especialmente en Tenerife, donde se ha observado un proceso de reactivación volcánica durante la última década.

La preocupación por la seguridad en estas áreas no es nueva. Tras la erupción de La Palma en 2021, la población canaria se ha visto cada vez más consciente de la necesidad de estar preparados ante una posible eventualidad volcánica. La historia de Canarias está marcada por episodios de actividad volcánica que han afectado a sus habitantes y a su entorno, como la erupción de San Juan en 1949 y la de Teneguía en 1971. A pesar de estos antecedentes, la falta de medidas concretas de prevención y concienciación ha dejado a muchos en una situación de vulnerabilidad.

Críticas a la gestión del riesgo volcánico

El colectivo ha calificado de "irresponsabilidad" la falta de acciones por parte del Gobierno canario. En una reciente comparecencia del consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ante la comisión parlamentaria, se explicó que aún no se han contactado a las compañías aseguradoras debido a la espera de nuevos mapas de riesgo volcánico. Sin embargo, desde Tierra Bonita se sostiene que estos mapas no determinan la existencia del riesgo, sino su nivel: muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo.

“El riesgo existe en toda una isla cuando es volcánicamente activa, independientemente de la clasificación concreta que figure en cada zona”, afirmaron desde la asociación.

La Ley de Volcanes, en su artículo 28, establece que la comunidad autónoma debe requerir a las compañías aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros para que informen a la población sobre las posibilidades de asegurar viviendas en áreas de riesgo volcánico. Sin embargo, la respuesta del consejero limitaba el aseguramiento a los municipios con mayor probabilidad de erupción, lo que ha levantado las críticas del colectivo. Esta situación ha generado un sentido de desconfianza y desamparo entre los ciudadanos, que ven cómo sus preocupaciones no son atendidas de manera adecuada.

Exigencias y propuestas

Tierra Bonita ha solicitado al Gobierno canario que implemente campañas de concienciación y medidas de autoprotección dirigidas a todos los ciudadanos que residen en islas volcánicamente activas. La falta de estas iniciativas podría tener graves consecuencias para la población, que podría ver comprometido su patrimonio ante una eventual erupción.

Además, la asociación recuerda que no se debe esperar a que se disponga de nuevos mapas para iniciar estas campañas. Según su perspectiva, la población debería recibir información y herramientas adecuadas para asegurarse frente a los riesgos volcánicos, dado que la historia reciente de Canarias, particularmente la erupción de La Palma, ha demostrado que el riesgo es inminente y debe ser tratado con seriedad.

El contexto de la Ley de Volcanes

La Ley de Volcanes fue aprobada en 2014 como respuesta a la creciente preocupación por los desastres naturales en el archipiélago. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y ha generado frustración entre los afectados y expertos en la materia. El hecho de que las autoridades aún no hayan contactado a las aseguradoras pone de manifiesto la falta de una estrategia clara y efectiva para gestionar el riesgo volcánico. La asociación Tierra Bonita, junto con otros grupos y ciudadanos, ha demandado una revisión de las políticas existentes para garantizar la protección de la población.

Consecuencias de la inacción

La falta de acción por parte del Gobierno canario puede tener consecuencias devastadoras. La experiencia de La Palma, donde miles de personas perdieron sus hogares y propiedades, es un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder si no se toman las precauciones necesarias. La falta de campañas de concienciación y de opciones de aseguramiento puede llevar a una mayor desprotección de los ciudadanos, que se encuentran en la incertidumbre respecto a su futuro.

Si el Gobierno no actúa con rapidez para implementar medidas de seguridad volcánica, la población corre el riesgo de enfrentar pérdidas irreparables en caso de una erupción. Tierra Bonita, junto con otros colectivos, continuará luchando por un enfoque proactivo en la gestión del riesgo volcánico, asegurando que se tomen en serio las preocupaciones de la comunidad.