La vivienda en la costa canaria sube un 14,1% en un año

El mercado inmobiliario en ascenso

El precio de la vivienda en las zonas costeras de Canarias ha experimentado un notable aumento del 14,1% en el primer trimestre de 2026, según un informe de Tinsa by Accumin. Este incremento coloca el precio medio del metro cuadrado en 1.992 euros, acercándose a la barrera psicológica de los 2.000 euros.

Este aumento no es un evento aislado, sino que refleja una tendencia que ha venido desarrollándose en los últimos años, impulsada por una combinación de factores como la creciente demanda de viviendas vacacionales, el aumento del turismo y la inversión extranjera en propiedades. Las estadísticas indican que, en 2025, la llegada de turistas a las Islas Canarias creció un 8% respecto al año anterior, lo que ha contribuido a un aumento en la compra de propiedades por parte de no residentes.

La situación es especialmente preocupante para los residentes locales, quienes enfrentan dificultades crecientes para acceder a la vivienda. De acuerdo con las estimaciones, el esfuerzo económico que debe realizar un isleño medio para adquirir una vivienda en la costa se eleva hasta el 40% de sus ingresos disponibles. Esta cifra supera el límite del 30-35% recomendado para afrontar una hipoteca, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de muchas familias canarias.

Impacto en los residentes y la oferta

La situación se complica aún más al observar que el mercado costero está dominado por la compra de propiedades por parte de extranjeros y personas con altos ingresos. Según Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa, el mercado residencial en la costa está “fuertemente dominado por las dinámicas del segmento vacacional”. Esto implica que, a medida que aumenta la demanda de viviendas para alquiler turístico, los precios para los locales se disparan.

Las zonas más afectadas por esta dinámica son aquellas vinculadas al turismo y a la segunda residencia, donde la escasez de oferta y la alta demanda continúan influyendo en los precios. Canarias y Baleares destacan como las regiones con mayores incrementos en el litoral español, mientras que otras áreas, como la Costa Mediterránea, presentan un aumento del 13,9% y la Costa Norte y el tramo atlántico andaluz con un 11,7%. Esta disparidad pone de manifiesto la presión que enfrenta el mercado local, donde los residentes luchan por encontrar opciones asequibles.

“La convivencia entre la vivienda habitual y el uso vacacional está dificultando el acceso a la vivienda para los residentes”, afirmó Andrea de la Hoz, analista de Tinsa. Esta situación plantea un dilema sobre cómo equilibrar las necesidades del turismo con las de la población local.

Señales de agotamiento en el mercado

A pesar de la escalada de precios, el informe de Tinsa también indica que el mercado comienza a mostrar señales de agotamiento de la demanda. Sin embargo, no se han registrado reducciones en la actividad respecto al año anterior. Esto sugiere que, aunque se están alcanzando niveles récord en los precios, la actividad sigue siendo sostenida. Muchos expertos advierten que el mercado podría estar alcanzando un punto de inflexión, lo que podría llevar a una estabilización o incluso a una corrección de precios en el futuro cercano.

Los técnicos advierten que el mercado de la vivienda vacacional puede estar acercándose a su techo de precios, lo que podría tener repercusiones en el acceso a la vivienda para la población local. El predominio de propiedades destinadas al turismo está limitando las opciones disponibles para quienes buscan una vivienda habitual. Esta situación exige una reflexión sobre la necesidad de políticas que regulen el uso de la vivienda, asegurando que los residentes tengan un acceso equitativo al mercado.

Con estos datos, el acceso a la vivienda en las zonas costeras de Canarias se presenta como un desafío cada vez mayor para los residentes, quienes deben adaptarse a un entorno de precios crecientes y una oferta que, en muchos casos, no satisface sus necesidades. La comunidad local y las autoridades deben comenzar a considerar medidas que garanticen un equilibrio en el mercado, protegiendo así el derecho a la vivienda digna en un contexto de creciente desigualdad.