Las universidades públicas canarias rechazan la financiación del gobierno

Rechazo a la propuesta de financiación

Los rectores de las universidades públicas canarias han expresado su rechazo a la propuesta de financiación plurianual presentada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Esta propuesta fue presentada el 28 de julio de 2026, tras un año de espera, y ha sido considerada insuficiente para cubrir las necesidades estructurales de ambas instituciones.

Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna (ULL), y Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han señalado que la propuesta económica refleja una "infrafinanciación" persistente. Según los rectores, el presupuesto no ha crecido lo suficiente en 2026 ni en años anteriores para cubrir el aumento de gastos derivados del personal, suministros y servicios de mantenimiento.

Contexto de la financiación universitaria en Canarias

La situación de la financiación universitaria en Canarias no es nueva. Durante los últimos años, las universidades han enfrentado recortes presupuestarios que han puesto en riesgo su operatividad. En 2022, el presupuesto asignado a las universidades canarias fue de 275 millones de euros, un monto que ya estaba por debajo de las necesidades reales. La falta de inversión ha llevado a la ULL y a la ULPGC a limitar programas académicos y a enfrentarse a dificultades en la contratación de personal docente e investigador.

Con la llegada de la pandemia, la situación se volvió aún más crítica. Las universidades se vieron obligadas a adaptar sus infraestructuras para ofrecer enseñanza virtual y semipresencial, lo que incrementó los gastos operativos. Sin embargo, los fondos asignados no reflejaron esta nueva realidad, lo que ha llevado a un deterioro progresivo de la calidad educativa.

Impacto de la infrafinanciación

Desde agosto de 2025, las universidades han enviado informes detallados a la Consejería que evidencian una pérdida acumulada de aproximadamente 25 millones de euros desde 2022 hasta 2026. Esta situación se agrava al considerar que, para el año 2027, ambas universidades requieren un total de 290,4 millones de euros para garantizar su sostenimiento. Sin embargo, la propuesta del Gobierno solo incluye 286,9 millones, lo que genera un desfase estimado de 3,5 millones de euros para el próximo año.

Además, los rectores advierten que el desfase podría aumentar en 11 millones de euros más si se tiene en cuenta el incremento retributivo exigido por la ley estatal, alcanzando un total de 15 millones de euros en déficit. En el comunicado enviado a la consejera Migdalia Machín, se enfatiza que estos impactos han sido previamente comunicados y que requieren de atención inmediata para evitar un deterioro en la calidad educativa.

“La propuesta económica del Gobierno vuelve a evidenciar una infrafinanciación de las dos universidades públicas del Archipiélago”, señalaron los rectores.

Consecuencias para la comunidad universitaria

El rechazo a esta propuesta de financiación podría tener repercusiones significativas para la comunidad universitaria en Canarias. La infraestructura, los servicios de mantenimiento y el personal académico son elementos fundamentales para el desarrollo de la educación superior en el Archipiélago. Las universidades temen que, sin una adecuada asignación presupuestaria, se vea comprometida la calidad de la enseñanza y la investigación.

Las universidades han solicitado un diálogo abierto con la Consejería, buscando soluciones viables que permitan asegurar la viabilidad económica de estas instituciones. La situación actual exige una revisión del modelo de financiación para adaptarse a las necesidades reales de las universidades canarias, que desempeñan un papel clave en el desarrollo social y económico de la región.

El futuro de la educación superior en Canarias

De no abordarse esta problemática de manera eficaz y urgente, las consecuencias podrían extenderse más allá de la simple falta de recursos. La calidad de la educación superior se vería comprometida, lo que podría resultar en una menor atracción de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Además, la falta de inversión en investigación y desarrollo podría frenar el avance tecnológico y científico en una región que necesita diversificarse económicamente, especialmente en un contexto post-pandemia.

Es imperativo que las autoridades escuchen las demandas de la comunidad universitaria y se comprometan a una financiación justa y sostenible que permita a las universidades canarias cumplir con su misión educativa y de investigación en la sociedad.