Nueva Canarias rechaza ley de licencias por privatizar el urbanismo

Oposición a la ley de licencias urbanísticas

El grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha expresado su rechazo a la ley de licencias urbanísticas, presentada por el Gobierno de Canarias, que está bajo la dirección de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). Durante el pleno del Parlamento, la diputada Carmen Hernández argumentó que el Ejecutivo está utilizando la grave crisis habitacional que se vive en el Archipiélago como un pretexto para privatizar el control urbanístico, una medida que consideran perjudicial para los intereses de la población canaria.

Crisis habitacional y privatización

La diputada Carmen Hernández enfatizó que Canarias necesita una nueva ley de vivienda que combata la especulación inmobiliaria, la cual, a su juicio, está siendo fomentada por CC y el PP con el apoyo de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI). En particular, la parlamentaria Esther González también criticó al gobierno por incluir enmiendas sobre la vivienda vacacional que no estaban en el proyecto original. Esta acción, según ella, demuestra una falta de disposición para llegar a un consenso con la oposición y refleja una falta de transparencia en el proceso legislativo.

“La vivienda no puede ser la excusa para privatizar el urbanismo”, afirmó Carmen Hernández durante el debate.

La importancia del control público del urbanismo

Hernández destacó que el urbanismo no debe considerarse un simple trámite administrativo, sino una herramienta esencial para la planificación del crecimiento de los municipios y la ubicación de equipamientos públicos, como escuelas y centros de salud. Rechazó la idea de que el control de las licencias urbanísticas se transfiera a entidades privadas, defendiendo que esta competencia debe seguir siendo pública y al servicio del interés general.

El grupo NC-BC argumenta que el urbanismo debe permanecer bajo el control del pueblo canario, enfatizando que “no se puede utilizar el mayor problema social de esta tierra para favorecer intereses privados”. En este contexto, es importante recordar que Canarias ha sido históricamente un lugar donde la vivienda ha experimentado un aumento significativo de precios, en parte debido a la especulación y el turismo masivo. La crisis habitacional ha llevado a un descenso en la oferta de viviendas asequibles, generando una gran inquietud entre los ciudadanos.

Contexto local: la crisis de la vivienda en Canarias

La crisis de la vivienda en Canarias se ha intensificado en los últimos años, con un incremento constante de los precios de alquiler y compra. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2015 y 2023, el precio medio de la vivienda en las Islas ha aumentado más de un 30%, mientras que los salarios no han seguido el mismo ritmo. Esto ha generado una situación donde muchas familias canarias se ven obligadas a destinar una parte significativa de sus ingresos al alquiler, lo que limita su capacidad de ahorro y pone en riesgo su estabilidad financiera.

Además, la escasez de vivienda pública y la falta de políticas efectivas para regular el mercado inmobiliario han contribuido a que la situación se vuelva insostenible. En este sentido, la postura de NC-BC refleja una preocupación creciente entre los canarios sobre cómo se gestionan los recursos y el desarrollo urbano en un contexto de crisis, donde la accesibilidad a la vivienda se ha convertido en un tema prioritario.

Consecuencias de la privatización del urbanismo

La privatización del urbanismo podría tener consecuencias severas para el desarrollo sostenible de las ciudades canarias. Al transferir el control de las licencias urbanísticas a entidades privadas, se corre el riesgo de poner el beneficio económico por encima del bienestar social. Esto podría resultar en proyectos que prioricen el lucro a corto plazo, en lugar de considerar las necesidades a largo plazo de la comunidad, como la creación de espacios públicos, la construcción de viviendas asequibles y la preservación del medio ambiente.

Con esta votación en contra de la ley de licencias, NC-BC busca no solo frenar la privatización del urbanismo, sino también instar a la creación de políticas efectivas que aborden las necesidades habitacionales del Archipiélago. La lucha por una vivienda digna y accesible es un tema que seguirá siendo central en el debate político de Canarias, y la respuesta del Gobierno a estas demandas será crucial para el futuro de la región.