Santa Cruz de Tenerife demanda al Gobierno por el monumento a Franco

El contencioso administrativo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido llevar a los tribunales al Gobierno de España debido a la orden de retirada del Monumento a la Victoria, popularmente conocido como el monumento a Franco. Esta decisión se produce tras el rechazo del Estado al recurso de alzada presentado por el Consistorio chicharrero.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, firmó una instrucción para que los servicios jurídicos municipales inicien un recurso contencioso-administrativo. La resolución que ordena la retirada del monumento fue emitida por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, bajo la responsabilidad de Ángel Víctor Torres, y establece que la escultura debe ser retirada y almacenada en un espacio municipal antes del 10 de febrero de 2027.

Contexto de la orden

La resolución del Gobierno central incluye al Monumento a la Victoria en el catálogo nacional de vestigios franquistas, lo que implica que el Ayuntamiento, como propietario de la obra, debe proceder a su retirada. Sin embargo, Bermúdez ha expresado su intención de proteger este conjunto escultórico como parte del patrimonio de la ciudad, argumentando que se debe garantizar su conservación.

La obra fue inaugurada en 1976 y ha sido objeto de controversia desde su creación. A pesar de ser considerada un símbolo de la victoria franquista en la Guerra Civil, también es vista por algunos como un elemento de la historia local que no debe ser borrado. “Las áreas competentes en materia de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la Asesoría Jurídica Municipal, realizarán las actuaciones jurídicas necesarias para interponer el recurso contencioso-administrativo”, establece la instrucción del alcalde. Este paso busca frenar la resolución estatal y mantener el monumento en su ubicación actual.

Reacciones y siguientes pasos

El Ayuntamiento ha notificado la directriz a las áreas correspondientes, incluida la Dirección de la Asesoría Jurídica y el Organismo Autónomo de Cultura. La decisión de llevar el caso ante la Justicia ha generado opiniones divididas entre los vecinos de Santa Cruz. Algunos consideran que la escultura es un símbolo que debe ser preservado, mientras que otros argumentan que su retirada es necesaria para avanzar en la memoria histórica y la reconciliación.

La Corporación local tiene hasta el 10 de febrero de 2027 para presentar el recurso y espera que este proceso judicial pueda prolongar la permanencia del monumento en su lugar actual. La situación plantea un escenario de incertidumbre sobre el futuro de esta obra del artista Juan de Ávalos, que ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones.

Consecuencias y contexto social

Este conflicto subraya la complejidad de la gestión del patrimonio histórico en España, especialmente en lo que respecta a símbolos vinculados al régimen franquista. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, establece la obligación de retirar estos símbolos, lo que ha generado un intenso debate en diversas localidades del país. La decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife podría sentar un precedente en otros municipios que enfrentan situaciones similares con monumentos de este tipo.

Además, el tema ha resurgido tensiones en la sociedad canaria, donde las opiniones están polarizadas entre quienes ven la necesidad de cerrar heridas del pasado y quienes defienden la preservación del patrimonio como un recordatorio de la historia. Esta acción legal no solo pone a prueba la voluntad del Ayuntamiento, sino que también refleja un contexto social que busca reconciliar el pasado con el presente.

En última instancia, la resolución de este caso podría influir en cómo otras ciudades abordan sus propios legados históricos y el manejo de monumentos que evocan periodos oscuros de la historia reciente de España.