Canarias incumple la ley de educación con un déficit de 610 millones

Incumplimiento de la normativa educativa

La Plataforma por el 5% para la Educación ha denunciado recientemente que el proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027 no cumplirá con los requisitos establecidos en la Ley Canaria de Educación. Según sus estimaciones, la inversión en educación se situará en el 4,12% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que apenas refleja un incremento de cinco centésimas respecto al 4,07% registrado en 2026.

Este incumplimiento significa un déficit alarmante de 610 millones de euros en comparación con el objetivo legal. La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, establece que la inversión en educación debe alcanzar un mínimo del 5% del PIB en un plazo de ocho años, es decir, para 2022. Sin embargo, cinco años después, la comunidad autónoma aún no ha alcanzado este objetivo fundamental, lo que plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno regional con la educación.

Inversión educativa estancada

A pesar de que el presupuesto educativo para 2027 aumentará en términos absolutos en 239 millones de euros, lo que equivale a un 9,1% más que el año anterior, la Plataforma considera que este incremento es insuficiente. En su comunicado, advierte que, al ritmo actual de crecimiento, Canarias podría tardar otros 25 años en alcanzar el 5% del PIB destinado a educación, lo que es inaceptable para la comunidad educativa que ha estado esperando cambios significativos desde hace años.

Desde 2022, la cantidad acumulada que ha dejado de destinarse a educación supera los 2.700 millones de euros. En 2024, la inversión educativa había caído al 4,20% del PIB, y en 2025 se redujo aún más hasta el 4,05%. Aunque ha habido una leve recuperación en la inversión, la cifra todavía se mantiene muy por debajo del mínimo legal establecido, lo que impide a las instituciones educativas ofrecer la calidad y los recursos necesarios.

“El incremento de 239 millones de euros no se aproxima a las exigencias legales que establece la Ley Canaria de Educación”, afirmó un portavoz de la Plataforma.

Impacto en la comunidad educativa

El impacto de este incumplimiento afecta a toda la comunidad educativa de Canarias, incluidos profesores, alumnos y familias. La Plataforma por el 5% destaca que el peso del presupuesto educativo en las cuentas generales de la comunidad autónoma ha disminuido desde una media del 20,29% en la anterior legislatura hasta cifras actuales que no alcanzan el 18%. Esta disminución es un reflejo de la falta de prioridad que se le ha dado a la educación en los últimos años.

Durante la legislatura anterior, se llegó a destinar el 4,63% del PIB a educación, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha. Sin embargo, desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, lo que evidencia una evolución prácticamente estancada en la inversión educativa. Este estancamiento plantea serias preguntas sobre el futuro de la educación en Canarias, especialmente en un momento en que el sistema educativo enfrenta múltiples desafíos, como la adaptación a nuevas tecnologías, la inclusión de alumnos con necesidades especiales y la mejora de infraestructuras educativas.

La Plataforma por el 5% para la Educación continúa haciendo un llamado a las autoridades para que reconsideren sus prioridades presupuestarias y garanticen un nivel de inversión que cumpla con las normativas vigentes. La situación actual podría derivar en un deterioro de la calidad educativa en Canarias, afectando no solo a la formación de los estudiantes, sino también al desarrollo social y económico de la comunidad. Los padres y educadores deben seguir presionando a los responsables políticos para que pongan la educación en el centro de sus políticas, asegurando que los recursos necesarios lleguen a las aulas y beneficien a todos los estudiantes de la región.