Los ayuntamientos finalizan planes de control sobre viviendas vacacionales

Planes de control listos para su ejecución

Los ayuntamientos de Canarias han dado un paso importante en la regulación de las viviendas vacacionales. El pasado 13 de agosto finalizó el plazo para que los 88 municipios, junto con los cabildos, presentaran sus planes de inspección y control. A partir de esta fecha, comienza un periodo de cuatro años para verificar cuáles de estas viviendas cumplen con la normativa vigente.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que ninguno de los consistorios ha solicitado el modelo tipo ofrecido por la Consejería de Turismo para la elaboración de estos planes, lo que indica que todos han finalizado la tarea asignada. Este hecho es un reflejo de la creciente preocupación por la regulación del sector, que ha sido objeto de debate en múltiples foros locales y regionales.

Desigualdad en el cumplimiento normativo

A pesar de que todos los municipios han presentado sus planes, la situación es desigual en cuanto al cumplimiento de la normativa. Un ejemplo significativo es el municipio de La Laguna, que ha sido de los más proactivos. En mayo, aprobó su plan de control y ya ha obtenido datos reveladores. De las 1.179 viviendas vacacionales registradas en el Registro General Turístico de Canarias, solo 86 han cumplido con el requisito de tramitar la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas.

Esto implica que casi el 93% de las viviendas vacacionales en La Laguna operan sin el permiso necesario, un requisito que, aunque lleva en vigor desde el decreto 113/2015, no había sido exigido de forma rigurosa hasta ahora. Este desajuste pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y control en el sector, donde la informalidad ha crecido considerablemente en los últimos años.

Contexto normativo y futuro del sector

Las nuevas normas, establecidas por la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas en Canarias, buscan regular el sector de las viviendas vacacionales y garantizar la legalidad de las que operan. Esta legislación surge de la necesidad de equilibrar el crecimiento del turismo con la protección de los derechos de los residentes locales, quienes a menudo se ven afectados por la saturación turística y el aumento de precios en sus barrios.

La falta de cumplimiento por parte de una gran mayoría de propietarios puede tener graves consecuencias para el sector, ya que aquellas viviendas que no se ajusten a la normativa podrían ser sacadas del mercado. Además, la Asociación Canaria de la Vivienda Vacacional (Ascav) ha manifestado su preocupación ante estos datos, señalando que la falta de comunicación con los municipios puede llevar a un efecto adverso en el mercado turístico de la región. Los propietarios que han cumplido con los requisitos podrían verse perjudicados si se permite la operación de viviendas sin la debida regulación.

Impacto en la comunidad local

El impacto de estas regulaciones no se limita únicamente a los propietarios de viviendas vacacionales. Los residentes locales también se verán afectados, ya que un aumento en la regulación podría traducirse en un descenso en la oferta turística informal, lo que podría beneficiar a las comunidades que han experimentado la presión del turismo masivo. Sin embargo, también existe el riesgo de que un endurecimiento de las normativas lleve a un aumento en los precios de las viviendas, ya que los propietarios que se ven obligados a regularizar sus propiedades podrían trasladar esos costos a los inquilinos.

Claves para propietarios y futuros inquilinos

Los próximos cuatro años serán cruciales para el futuro de la vivienda vacacional en Canarias. Los ayuntamientos deben llevar a cabo las inspecciones necesarias para identificar y regularizar las viviendas que cumplen con la normativa, mientras que las que no lo hagan podrían enfrentar sanciones y la obligación de cesar su actividad. Para los propietarios, es fundamental estar al tanto de los requisitos legales y asegurarse de que sus propiedades estén debidamente registradas y reguladas.

El éxito de esta iniciativa dependerá de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y de la voluntad de los propietarios de adaptarse a la nueva realidad normativa. Los inquilinos, por su parte, deben ser conscientes de la situación del mercado y de los riesgos que conlleva alquilar propiedades que no estén debidamente reguladas.