El gobierno de Canarias legaliza explotaciones ganaderas en Breña Alta

Legalización de explotaciones ganaderas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, el 15 de septiembre, la legalización territorial de dos explotaciones ganaderas. Estas instalaciones están ubicadas en los municipios de Breña Alta (La Palma) y Gáldar (Gran Canaria), y suman un total de 7.011 cabezas de ganado, según informó el Gobierno de Canarias. Esta decisión no solo responde a una necesidad local, sino que también busca fortalecer el sector ganadero en un contexto donde la producción local se vuelve cada vez más crucial.

Normativa aplicable y avance en regularizaciones

La legalización se realiza en virtud de la Ley 6/2009, que establece procedimientos para la ordenación territorial y la dinamización del sector en Canarias. Esta normativa permite la autorización de actividades y edificaciones relacionadas con la ganadería, lo que ha sido un paso importante para la regularización de las instalaciones. Esta medida se enmarca en una serie de esfuerzos del Gobierno para modernizar y regularizar el sector agrícola y ganadero, vital para la economía de las islas.

Las explotaciones afectadas se dedican a la ganadería bovina y avícola, y ya son 40 las instalaciones que han sido legalizadas desde el inicio de la legislatura. El proceso ha sido impulsado por la Dirección General de Ganadería, que ha trabajado en la reactivación de las regularizaciones en el sector. Esto refleja un compromiso por parte del Gobierno de Canarias de apoyar a los ganaderos y fomentar prácticas sostenibles.

“La legalización territorial y ambiental es una prioridad para el Gobierno, que busca garantizar la sostenibilidad del sector”, señaló un portavoz del Consejo de Gobierno.

Requisitos y situación actual

Según el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las instalaciones ya están registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Además, un informe de GMR Canarias, basado en un estudio comparativo de fotografías aéreas, indica que las edificaciones son posteriores a la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, lo que facilita su regularización en virtud de la legislación vigente. Esta evaluación es fundamental para asegurar que las explotaciones cumplan con los estándares requeridos para operar legalmente.

Con esta regularización, el Gobierno busca dar un marco legal a las actividades ganaderas en la región, asegurando su desarrollo sostenible y el cumplimiento de normativas ambientales. Además, se espera que esta medida incentive a otros ganaderos a formalizar sus instalaciones, contribuyendo así a un sector más organizado y competitivo.