El ayuntamiento de Las Palmas multa a Canaricem por infracciones graves

Inicio del procedimiento de multas

El director general de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael de Francisco Concepción, ha anunciado el inicio de un procedimiento para imponer multas a la Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem). Las sanciones podrían alcanzar hasta 54.000 euros por cada una de las infracciones graves y muy graves que se han detectado en el servicio de cementerios municipales.

Este procedimiento abre la posibilidad de una resolución del contrato, que está en vigor desde noviembre de 1997 y se extenderá hasta 2047. La decisión ha sido formalizada mediante una resolución que designa al jefe del servicio de Patrimonio, Adrián Vega, como instructor del caso. La concesión de Canaricem ha estado bajo la lupa durante los últimos años, especialmente a raíz de los crecientes problemas en la gestión de los cementerios.

Irregularidades en la gestión

Las irregularidades que se le imputan a Canaricem se centran en dos aspectos principales:

• Un presunto «incumplimiento culpable» de las obligaciones contractuales.
• Desvío de actividades de Canaricem a la empresa Jomavaro, con la que comparte la figura del administrador.

Además, se señala una supuesta obstrucción reiterada, ocultamiento y falseamiento de información por parte de la concesionaria. Estas acciones han llevado al Ayuntamiento a criticar la gestión de los cementerios, señalando un “deterioro apreciable” en las condiciones de mantenimiento y limpieza. La falta de transparencia en la gestión de Canaricem ha enfurecido a la comunidad, que exige una administración responsable y digna de los espacios donde descansan sus seres queridos.

Auditoría y su impacto

En noviembre de 2024, el Ayuntamiento encargó una auditoría externa para evaluar el estado de los cementerios, debido a las crecientes quejas sobre su mantenimiento. El informe resultante cuestionó la gestión de Canaricem y puso de manifiesto las discrepancias en la información económica y de gestión que la empresa había remitido al Consistorio, dificultando la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El procedimiento actual de imposición de penalidades no deriva del informe de auditoría, como se mencionó en la resolución, lo que sugiere que el Ayuntamiento ha actuado en base a otras evidencias de incumplimiento. Canaricem ahora tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones y documentos en su defensa. La presión sobre la empresa es considerable, dado que la opinión pública y los familiares de los difuntos están expectantes ante una posible resolución que afecte la calidad del servicio.

“Deterioro apreciable” en el mantenimiento ha sido señalado por el Ayuntamiento.

La situación de los cementerios ha generado un malestar considerable entre los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, quienes han expresado su preocupación por el estado de estos espacios de descanso eterno. La posible rescisión del contrato con Canaricem podría abrir la puerta a una nueva gestión que busque mejorar las condiciones de estos recintos. La falta de atención y el deterioro de los cementerios no solo afectan la imagen de la ciudad, sino que también provocan un dolor adicional a las familias que visitan a sus seres queridos.

Consecuencias y reflexión sobre la gestión

La gestión de cementerios es un asunto delicado para cualquier administración local, ya que refleja el respeto y la dignidad con la que se trata a los difuntos y a sus familias. La decisión del Ayuntamiento de actuar frente a las irregularidades detectadas podría ser un paso hacia la mejora en la gestión de estos servicios públicos. La comunidad espera que esta situación impulse no solo sanciones, sino un cambio estructural que permita una gestión más adecuada y humana.

Las consecuencias de este procedimiento pueden ser significativas: además de las multas, existe la posibilidad de que se busque un nuevo operador que garantice un mejor servicio. La historia de Canaricem, que comenzó su andadura en 1997, podría llegar a su fin si se demuestra que la empresa no ha cumplido con sus compromisos. La atención de la ciudadanía y el seguimiento del caso por parte de los medios locales son cruciales para asegurar que se respete la voluntad de la comunidad en la gestión de estos espacios.