Los cabildos apoyan la reforma de la ley del suelo en Canarias

Apoyo general con excepciones

Los cabildos de Canarias han manifestado su apoyo a la reforma de la Ley del Suelo, así como a la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria ha enviado un escrito a la Comisión General del Parlamento de Canarias expresando su rechazo a la posible aprobación de estas leyes a pocos meses de la disolución de la Cámara. Este desacuerdo pone de manifiesto una tensión latente entre las diferentes islas, que ha sido un tema recurrente en la política canaria, donde la búsqueda de consenso es vital para abordar temas de vital importancia como el urbanismo y la movilidad.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido que la Ley del Suelo es una "herramienta eficaz", pero que es necesario adaptarla a las nuevas normativas que han surgido en los últimos años. Miranda ha enfatizado la necesidad de lograr un texto más "comprensible, claro y sencillo". Este llamado a la simplificación se ha vuelto crucial en un contexto donde los ciudadanos reclaman mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Principales cambios en la ley

Entre las modificaciones propuestas, se prevé reducir a la mitad los plazos para la emisión de informes. Además, se busca contener la expansión de suelo urbanizable, un tema que ha generado debates intensos en la comunidad. El consejero ha señalado que la Ley del Suelo ha permitido realizar 250 modificaciones de planeamiento municipal y más de treinta en las herramientas de planificación insular, evidenciando la necesidad de actualizar la normativa para adaptarse a la realidad cambiante del territorio canario.

“Las ideas principales son la prohibición de clasificar nuevos suelos, la agilización de licencias y una definición más clara del silencio administrativo”, comentó Manuel Miranda.

El viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, ha añadido que la nueva ley también abordará la falta de un sistema que articule los instrumentos de planificación de la movilidad, con un enfoque en los aspectos ambientales relacionados con el transporte. Este enfoque no solo es necesario, sino que también refleja una creciente conciencia social sobre la importancia de crear un entorno urbanístico más sostenible. González ha subrayado la importancia de avanzar en la digitalización de los datos de movilidad y en la mejora de la transparencia y la participación pública, elementos clave para fomentar la confianza de los ciudadanos en sus administraciones.

Reacciones y críticas

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha apoyado la reforma, resaltando la importancia del consenso entre las diferentes administraciones para avanzar en la planificación urbanística y de movilidad. A pesar de este apoyo general, Gran Canaria ha criticado la apresurada tramitación, lo que podría complicar la implementación de las nuevas normativas. Esta crítica subraya una preocupación válida sobre la eficacia y la aplicación de leyes que podrían ser apresuradas, especialmente en un contexto donde las decisiones urbanísticas tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

El Cabildo de Gran Canaria ha argumentado que la aprobación de estas leyes en el último tramo de la legislatura podría generar incertidumbre y falta de rigor en su aplicación. Esta postura contrasta con la de otros cabildos que han resaltado la urgencia de modernizar y adaptar las normativas a las realidades actuales de las islas. La histórica falta de consenso en asuntos de urbanismo puede agravar aún más esta situación, planteando un reto para la gobernabilidad en los próximos años.

Con la reforma, se espera que la Ley del Suelo no solo facilite la planificación urbanística, sino que también promueva un desarrollo más sostenible en el archipiélago. La nueva Ley de Movilidad Sostenible tiene como objetivo mejorar la infraestructura de transporte, haciendo hincapié en la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. En un contexto donde el cambio climático es una realidad innegable, la implementación de estas normativas podría ser un paso hacia la creación de un futuro más verde y sostenible para Canarias.

El impacto de estas reformas será observado de cerca por los ciudadanos y administraciones locales, quienes esperan que la adaptación de estas normativas permita un desarrollo más ordenado en las islas. La capacidad de los cabildos para gestionar estos cambios será crucial en los próximos años, y su éxito dependerá en gran medida de la colaboración y el entendimiento entre las diferentes administraciones y la sociedad civil.