La nueva ley de ciencia en Canarias genera controversia por falta de apoyo

La ley y su contexto

El Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva Ley Canaria de la Ciencia, que se presenta como un cambio necesario respecto a la normativa vigente desde 2001. Sin embargo, la ley ha generado un amplio rechazo por parte de la comunidad científica y académica de las Islas. La falta de consenso y la ausencia de las universidades en su elaboración son dos de los aspectos más criticados.

Desde su creación, las universidades canarias han sido pilares fundamentales en la investigación y educación superior de la región. Con la aprobación de esta nueva ley, muchos académicos y científicos sienten que se ignora su experiencia y aportaciones, lo que podría tener repercusiones significativas en la calidad de la investigación científica en Canarias.

Según el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), la ley ha sido impulsada exclusivamente por los grupos que apoyan al Gobierno, sin tener en cuenta las opiniones y necesidades de los actores clave en el ámbito científico. Este grupo ha votado en contra, argumentando que las numerosas enmiendas propuestas, muchas de las cuales respondían a las demandas de las universidades y jóvenes investigadores, fueron desestimadas por la mayoría conservadora que respalda al Ejecutivo de Fernando Clavijo.

Críticas y reacciones

La diputada Carmen Hernández, durante su intervención, subrayó la importancia de entender la ciencia más allá de laboratorios y publicaciones. “Hablar de ciencia es hablar de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida”, enfatizó. Asimismo, destacó que “invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”.

La falta de financiación es otro de los puntos que ha levantado polémica. La ley no incluye partidas presupuestarias que aseguren un apoyo real a la investigación y a la ciencia en las Islas. Esta omisión ha llevado a muchos a considerar la norma como un mero formalismo que no aborda las necesidades urgentes del sector. Sin una estructura financiera adecuada, los proyectos de investigación, cruciales para el desarrollo local, podrían verse seriamente afectados.

“Invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro”, Carmen Hernández.

Reacción social y futuro incierto

El rechazo a esta ley ha encontrado eco en la ciudadanía, manifestándose a través del Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias. Este documento ha sido suscrito por más de 4.000 personas, quienes expresan su preocupación ante el tratamiento que están recibiendo las universidades en el contexto actual. El manifiesto critica el clima de descrédito y ataque hacia estas instituciones, que consideran vitales para el desarrollo del conocimiento y la investigación en la región.

La comunidad universitaria y científica ha señalado que esta ley representa una oportunidad perdida para fortalecer el ecosistema de investigación en Canarias. La falta de un marco normativo que fomente la colaboración entre las universidades y el Gobierno podría tener repercusiones negativas en la formación de nuevas generaciones de investigadores y en la innovación en las Islas. En un mundo donde la ciencia y la tecnología son motores de desarrollo económico, Canarias no puede permitirse el lujo de dejar de lado su potencial investigativo.

La nueva Ley Canaria de la Ciencia, sin el respaldo de las instituciones académicas y sin los fondos necesarios, plantea un futuro incierto para la ciencia en Canarias. Las universidades, que son fundamentales en el desarrollo del conocimiento y la investigación, se ven amenazadas por un ambiente que, según muchos, no favorece su crecimiento ni su sostenibilidad. Sin un apoyo claro y continuo, el talento local podría optar por buscar oportunidades en otros lugares, lo que a su vez podría llevar a una fuga de cerebros de la región.

Con la implementación de esta ley, se abre un debate que, más allá de lo legislativo, refleja la necesidad de un diálogo real entre el Gobierno y la comunidad científica. La falta de acuerdos podría poner en peligro el avance de la ciencia en Canarias y, con ello, el bienestar de su población. La colaboración y la inversión en ciencia no solo son fundamentales para el desarrollo académico, sino que también son esenciales para afrontar los desafíos sociales, económicos y medioambientales que enfrenta la región. La comunidad científica espera que este debate no solo se quede en el plano político, sino que se traduzca en acciones concretas que beneficien a todos los canarios.